15 de junio de 2012.- Este viernes, la justicia argentina condenó a los represores Carlos Lucena y Juan Rauzzino, a 16 y 10 años de prisión, respectivamente, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
La agencia de noticias del Centro de Información Judicial (CIJ) informó que El Tribunal Oral Federal de la provincia de Catamarca, ubicada al norte del país, señaló que Lucena y Rauzzino fueron hallados responsables de la desaparición de Griselda del Huerto Ponce, Julio Genaro Burgos, Nelly Yolanda Borda y Francisco Gregorio Ponce.
Los delitos fueron cometidos entre abril de 1976 y enero de 1977. El tribunal “resolvió mantener el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los acusados bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta que la presente sentencia quede firme” informó el CIJ.
Esto desató las críticas de los familiares de las víctimas de muertos y desaparecidos durante la dictadura.
Este es el primer juicio que se llevó adelante en la provincia de Catamarca por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa etapa triste para el pueblo argentino.
Los juicios contra los represores se retomaron en 2007, luego que en septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgara la Ley 25.779 donde se declara la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), las que impedían juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.
La última dictadura argentina provocó la desaparición de unas 30.000 personas, de acuerdo a cifras aportadas por el Gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo.
Los delitos fueron cometidos entre abril de 1976 y enero de 1977. El tribunal “resolvió mantener el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los acusados bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta que la presente sentencia quede firme” informó el CIJ.
Esto desató las críticas de los familiares de las víctimas de muertos y desaparecidos durante la dictadura.
Este es el primer juicio que se llevó adelante en la provincia de Catamarca por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa etapa triste para el pueblo argentino.
Los juicios contra los represores se retomaron en 2007, luego que en septiembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promulgara la Ley 25.779 donde se declara la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), las que impedían juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.
La última dictadura argentina provocó la desaparición de unas 30.000 personas, de acuerdo a cifras aportadas por el Gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo.
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