Entre España y Argentina, escala conflicto por caso Repsol

Rechaza el país sudamericano pagar los 10 mil mdd que pide la firma hispana por acciones que posee en YPF

 BUENOS AIRES, ARG.- El Senado comenzó ayer a tratar el proyecto de ley enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para expropiar las acciones que Repsol poseía en YPF, mientras el viceministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que “no le vamos a pagar lo que ellos quieran”.

 El conflicto entre Argentina y España escaló luego de que el Gobierno argentino anunciara que no sólo no pagará a Repsol 10 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF, exigidos por la empresa española, sino que presentará contra ésta una demanda por daños ambientales. “No le vamos a pagar esos 10 mil millones de dólares, los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido, y cumplir lo que le dice la propia empresa”, expresó Kicillof, en respuesta al presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien había adelantado que la firma reclamará una indemnización en un arbitraje internacional.


 Ayer, las acciones de YPF en Wall Street debieron ser suspendidas cuando ya habían caído 17.9 por ciento. En tanto las de Repsol operaron con una baja del 3.9 por ciento en New York, mientras que en la Madrid perdieron 6.9 por ciento. Las reacciones al pedido de expropiación no se hicieron esperar.

 La Comisión Europea (CE) suspendió el envío de una misión que se reuniría mañana con el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional cuestionó “las intervenciones públicas discrecionales que lo único que hacen es empeorar el clima de inversión”. “Cortina de humo” Brufau, presidente de la petrolera española Repsol, empresa que tiene una participación del 57.43 por ciento en YPF, acusó por su parte al Gobierno argentino de expropiar YPF con el objetivo de tapar la crisis social y económica que azota dicho país, y pidió 10 mil 500 millones de dólares.

 Según los planes del Gobierno argentino, de las acciones sujetas a expropiación, 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias productoras de petróleo. Repsol quedaría con una parte minoritaria de 6.43 por ciento.